En una medida trascendental, la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa ha recibido la aprobación real hoy. Esta legislación introduce poderes líderes en el mundo que permitirán a las autoridades del Reino Unido dirigirse de manera proactiva contra los criminales organizados y aquellos que buscan abusar de la economía abierta del país.
Empoderando a Companies House para la Verificación y Transparencia
Companies House, la entidad responsable de mantener el registro de empresas en el Reino Unido, obtendrá capacidades mejoradas para verificar la identidad de los directores de empresas, eliminar organizaciones fraudulentas del registro de empresas y compartir información con las agencias de investigación criminal. Esto marca un hito en la lucha contra la corrupción y el fraude, garantizando que las empresas operen de manera transparente y ética.
Mayor Autoridad para las Agencias de Aplicación de la Ley
Las agencias de aplicación de la ley se beneficiarán de poderes adicionales para incautar, congelar y recuperar criptoactivos utilizados en actividades ilícitas. Esto representa un paso significativo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, el fraude y el lavado de dinero. Además, las reformas legales pioneras permitirán a los tribunales desestimar demandas frívolas que buscan sofocar la libertad de expresión, lo que fortalecerá la protección de esta libertad fundamental.
Responsabilidad Corporativa Reforzada
La legislación establece cambios significativos en la responsabilidad corporativa, otorgando a los fiscales poderes de juego para responsabilizar penalmente a las empresas por malas prácticas. La creación del delito de "omisión de prevenir el fraude" hará que las grandes organizaciones sean penalmente responsables si se benefician de un fraude cometido por un miembro de su personal. Una actualización del principio legal conocido como la "doctrina de identificación" también garantizará que las empresas puedan ser responsables penalmente por las acciones de sus altos directivos que cometan delitos económicos. Estos cambios eliminan la capacidad de las grandes empresas de ocultarse detrás de estructuras de gestión complejas para evadir el escrutinio, lo que garantiza una igualdad de condiciones para todos los negocios y ayuda a eliminar el dinero criminal de la economía.
Mejora en la Calidad del Registro Empresarial
Una de las transformaciones más significativas en la historia de Companies House será la mejora de la calidad de la información en el registro de empresas. Las direcciones de oficinas registradas inválidas, utilizadas fraudulentamente para establecer empresas, serán eliminadas. Los controles de verificación evaluarán las identidades de las personas que establecen y gestionan empresas, evitando que los criminales se oculten detrás de nombres falsos o registren empresas con personajes ficticios. Esto ayudará a prevenir nombramientos fraudulentos y evitar que personas involucradas en el lavado de dinero se escondan detrás de nombres falsos.
Cierre de Brechas en los Registros de Beneficiarios Reales
La legislación también cerrará lagunas que permiten a actores corruptos utilizar empresas opacas para mover y ocultar dinero. Proporcionará a las empresas una mayor claridad sobre con quiénes están trabajando, permitirá a las organizaciones de la sociedad civil exponer a actores corruptos y aumentará la confianza del público en los gobiernos.
Cooperación Global para Combatir el Blanqueo de Dinero
La lucha contra el blanqueo de dinero es un problema global, y el Reino Unido continuará trabajando con sus socios internacionales para fortalecer sus registros de beneficiarios reales, reducir el lavado de dinero y crear un terreno nivelado para las empresas, al tiempo que refuerza la seguridad nacional.
Empoderamiento de la Autoridad de Companies House
La CEO de Companies House, Louise Smyth, destacó la importancia de estos nuevos poderes, que marcan un hito en la historia de la entidad. Se comprometió a tomar medidas sin precedentes para combatir actividades fraudulentas, ayudar a las víctimas de manera más rápida y limpiar el registro al eliminar información incorrecta. Estos esfuerzos mejorarán la calidad y confiabilidad de los datos, aumentando enormemente el valor del registro para las empresas en el Reino Unido y más allá.
Nuevos Poderes Judiciales y Lucha contra los SLAPPs
La legislación también otorga a los jueces nuevos poderes para abordar las demandas estratégicas contra la protección pública, conocidas como SLAPPs, que involucran delitos económicos. Estos casos son utilizados por personas poderosas para intimidar a opositores, y la legislación permitirá tomar medidas contra ellos.
Reformas Sustanciales en la Responsabilidad Penal Corporativa
Las reformas en la responsabilidad penal corporativa proporcionarán a los fiscales poderes de juego para responsabilizar penalmente a las empresas por malas prácticas. La creación del delito de "omisión de prevenir el fraude" hará que las grandes organizaciones sean penalmente responsables si se benefician de un fraude cometido por un miembro de su personal. Un cambio en la "doctrina de identificación" asegurará que las empresas puedan ser responsables penalmente por las acciones de sus altos directivos que cometan delitos económicos.
Fortalecimiento de la Lucha contra el Fraude Económico
El Fiscal General de la Corona, Andrew Penhale, expresó su apoyo a estas reformas, que mejorarán la transparencia y fomentarán mejores prácticas corporativas. La introducción del delito de "omisión de prevenir el fraude" y la reforma de la "doctrina de identificación" permitirán a los fiscales responsabilizar a las grandes empresas por delitos cometidos bajo su supervisión.
Mayor Poder para la Oficina de Fraudes Graves
La Directora General de la Oficina de Fraudes Graves, Nick Ephgrave, celebró el impacto positivo de esta ley en la lucha contra el fraude, destacando que las grandes empresas ya no podrán hacer la vista gorda ante estas prácticas.
Nuevos Poderes para la Agencia Nacional contra el Crimen
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) también obtendrá mayores poderes para obligar a las empresas a proporcionar información que se sospeche que se utiliza para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.